Ley de Seguridad Ciudadana. Opinión de Pablo Perea.

Si hay algo por lo que se caracteriza la política criminal de un Estado democrático, y lo diferencia de un Estado dictatorial, es la despenalización de ciertas conductas, aplicándole como castigo a dichas conductas multas pecuniarias en lugar de penas privativas de libertad. Pues bien, en eso ha consistido la nueva regulación de la mal llamada “Ley Mordaza” (designación que la ha fijado la izquierda mediática en su obsesión de querer demonizar y desacreditar todos los actos legislativos del PP). Lo que se ha hecho ha sido llevar ciertos comportamientos que antes se encontraban previstos como faltas en el Código Penal (y que por lo tanto se les aplicaban las penas que este previese) y trasladarlos a la vía administrativa, pasando a ser infracciones administrativas. Es decir, se han sacado de la vía judicial penal y se han llevado a una vía extrajudicial (la administrativa) mucho más garantista y con castigos menos desfavorables. En dicha vía, el sancionado tiene muchas más garantías para combatir las sanciones que se le imponga, como son el “recurso de alzada” y el “recurso de reposición” pudiendo además, si no consiguiese su pretensión, recurrir a la vía judicial de los Tribunales Contencioso-Administrativo. Con respecto a la cuantía de las sanciones (de 100 a 600000 euros), si debo decir que me parecen excesivas. También me muestro completamente en contra del nuevo tratamiento que reciben los inmigrantes que quieran pasar la frontera, puesto que la nueva ley prevé que sean devueltos inmediatamente  a su país, sin explicación jurídica alguna y en muchas ocasiones con un trato inhumano, infringiendo así la Carta Europea de Derechos Fundamentales, la Convención de Ginebra , el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Código de Fronteras de  Schengen, los cuales exigen que solo podrán denegarte en paso a otro país mediante una resolución motivada y no usando el poder conferido a las autoridades fronterizas de manera abusiva y arbitraria.