FINANCIACIÓN DE LA IGLESIA CATOLICA

La Iglesia Católica tiene una serie de privilegios en nuestros país desde los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede (historia democrática), reforzados por la ley de mecenazgo en 2002 (ventajas fiscales como el IBI para todas las organizaciones sin ánimo de lucro) y por el Gobierno socialista de Jose Luis Rodriguez Zapatero (subió el porcentaje del 0,5% al 0,7% para compensar la eliminación del complemento presupuestario en 2007) sin embargo, la obra social de la Iglesia Católica ahorra al Estado 36.000M de euros anuales debido a los más de 5.000 centros de enseñanza (casi 1.000.000 de alumnos), 107 hospitales, 1004  centros asistenciales, el gasto de Caritas, Manos Unidas y otras obras misionales pontificias, 1000 orfanatos, 356 centros de reeducación social y el 80% del gasto en conservación del Patrimonio histórico-artístico eclesiástico. 

En el artículo de hoy hablaremos particularmente de la necesidad o no de la posibilidad de asignar voluntariamente al mantenimiento de la Iglesia Católica el 0,7 de la declaración de la renta de los contribuyentes (supone entre un 22%-25% de la financiación de la Iglesia Católica en España). Si nos comparamos con el resto de nuestros socios europeos observamos grandes contrastes; en países como Alemania, Austria y Dinamarca las iglesias católica, evangélica, protestante y luterana se financian por el impuesto eclesiástico que pagan sus fieles a través de Hacienda (cerca de un 9% extra) y las donaciones desgravan, otros como Portugal e Italia siguen el modelo español y la asignación tributaria asciende hasta un 0,5% y un 0,8% respectivamente, otros como Irlanda y Reino Unido destinan fondos públicos al "mantenimiento y conservación de edificio de interés artístico", otros como Francia y Holanda no reciben financiación directa y en el otro extremo esta Bélgica que recurre a la financiación directa de la Iglesia. En este contexto nuestros colaboradores deberán valorar de modo general si creen necesaria la existencia de privilegios para la Iglesia Católica y en particular la necesidad de la posibilidad de asignar parte de la declaración de la renta al sostenimiento de la Iglesia Católica

Samuel Diaz

En un estado democrático son los ciudadanos los que eligen financiar o no a una entidad religiosa. (EL problema radica en que la declaración de la renta no ofrece un listado de entidades abierto para que uno pueda elegir el que quiera). Se trata de una aportación voluntaria, no forzosa por que ir contra ella es atacar la libertad no sólo religiosa sino como elemento garantizado por la constitución. Otro argumento a favor sería la labor que se realiza con esa aportación. Hasta donde sabemos no hay acusaciones ni se ha probado mal uso o corrupción con ese dinero (como ocurre frecuentemente con la política), por lo que es una inversión que tiene una utilidad social. Se garantiza la conservación de patrimonio histórico-artístico y se realiza una labor de ayuda al necesitado que va más allá de la red de asistencia social pública.

Pedro Blanquert

Para comenzar, quisiera partir sobre la base angular de nuestro Derecho. En el Art. 16.3 de de nuestra Carta Magna se expresa la aconfesionalidad de nuestro Estado y la “cooperación con la Iglesia Católica y otras confesiones.”

Bien es cierto que la historia de España no se concibe sin nombrar la Iglesia Católica. La religión está, de un modo u otro, arraigada en nuestra cultura (sólo basta nombrar que ordenamos nuestro calendario en base al nacimiento de Jesús). 

Sin embargo, hay cuestiones que hoy en día considero intolerables y que maquilladas desde el vocablo “cooperación” se les da unos privilegios totalmente ilegítimos. Si quieres contribuir con la Iglesia ve a la ermita, iglesia o convento más cercano y entrega un cheque, ¿pero por qué hay que utilizar medios estatales para financiar a la Iglesia?  ¿por qué no abren una casilla en la declaración de la renta que ponga: para invertir en I+D, para ayudar a PYMES?. Es ahí donde yo tacharía la palabra cooperación y subrayaría el término poder.

La cooperación se da cuando el Ayuntamiento de Sevilla corta el tráfico desde el arco de la Macarena hasta la Catedral para que se procese pero no cuando se expropia el Templo de Santa Catalina para reformarlo, gastar el dinero público para que no se derrumbe y cederlo de nuevo al arzobispado para que lo explote, tampoco se da cuando hay rebajas en cuanto a declaraciones del IBI.

El único dinero que me parece legítimo dar a la Iglesia es por el destinado a las obras sociales. Un dinero insignificante comparado con la riqueza incalculable que tiene la Iglesia Católica. Aplaudo su obra social (casi obligada por patrones ideológicos) pero desprecio las ventajas económicas que se le da a la Iglesia  por las relaciones de poder. 

Sergio Blanco

Evidente es que en Democracia no podemos mantener un elemento público, sea un impuesto, una institución, una Ley o un órgano por el mero hecho de ser histórico o establecido con anterioridad de varios siglos. En España es relevante el caso de la financiación de la Iglesia Católica y de todas sus organizaciones y asociaciones dependientes. Personalmente considero que los servicios prestados a la sociedad por la Iglesia son enormes, no obstante, el Estado debe asegurarse que los fondos públicos van a parar solo y exclusivamente a aquellos servicios de interés general y no al culto religioso, que no debe exceder de la aportación personal y voluntaria. En el punto medio de estos dos ambientes totalmente separados entra el mantenimiento de los templos históricos; en ese caso, a mi parecer se debería evaluar cual es el interés histórico de ese monumento, para establecer que parte de la financiación debe ser aportada por el Estado, que, obviamente, se beneficia de la existencia de estos monumentos.

Victor Martinez 

Claro que hay que marcar la X en nuestra declaración de la renta, les pido por favor que se vuelvan a leer las acciones que hace la Iglesia.

A parte de todas estas funciones hay que destacar la gente que hay detrás, personas que sin recibir nada a cambio dan su vida a los demás, para mejorar su situación, esas personas sí que representan el cristianismo y llevan a raja tabla las palabras de Jesús

La Iglesia ahorra al Estado entre 34000 y 36000 millones de euros al año.

Y entonces me pregunto:

¿Cuántos hospitales ha abierto CCOO?

¿Cuántos comedores para indigentes ha abierto y mantiene UGT?

¿Cuántos enfermos de SIDA tratan sindicatos o partidos políticos?

¿Dónde le darán a un indigente un bocadillo para sufamilia en la sede del PSOE, en Génova o quizás en las sedes de UGT o CCOO?

¡Y las sedes de partidos políticos, embajadas, sindicatos y otras religiones no pagan tampoco I.B.I.!

Está gente sí que está viviendo de nuestros bolsillos, pero nadie les dice nada, nadie lo denuncia.

La Iglesia Católica ayuda a la gente por eso tiene esa serie de privilegios, mientras que hay otros que también los tienen y no dan para hacer una sociedad mejor.

Yo creo que con  todos estos datos queda claro por qué millones de católicos y no creyentes marcamos cada año la X en la declaración de la renta, porque cumple una función moral y social.

Ya como última reflexión creo que a la Iglesia se le trata así por cómo fue en un pasado, pero la gente cambia y ahora mismo la Iglesia es una referencia social, y llamo desde aquí a denunciar a todos esos ejemplos que he puesto antes : sindicatos, partidos políticos o embajadas.

Pedro Jimenez

España no parece querer ser un país laico, durante los últimos años sólo se ha dedicado a aumentar el poder y los privilegios de la Iglesia en este sentido y cada vez son más. Es muy triste que la estructura social de un país avanzado como es España siga manteniendo a la Iglesia en un lugar tan privilegiado con aspectos como la casilla en la declaración de la renta que es una muestra más del ensalzamiento del catolicismo. Pienso que un país como España las creencias y la religión no deberían sobrepasar el ámbito personal de cada persona, y mucho menos seguir calando en la burocracia del Estado.

Por ello yo propongo eliminar la casilla de la Iglesia Católica de la declaración de la renta. O en su defecto, añadir otras opciones de asociaciones o instituciones benéficas independientes, para que de esta forma, se puedan elegir otras alternativas, ya que el fin que tiene esta casilla es la solidaridad, y en este ámbito da igual quién la ejerza, siempre y cuando no se de trato de favor a la Iglesia por encima de otros.