sábado, 19 de septiembre de 2015

Financiación de la Iglesia Católica. Contribución de Samuel Diaz

En un estado democrático son los ciudadanos los que eligen financiar o no a una entidad religiosa. (EL problema radica en que la declaración de la renta no ofrece un listado de entidades abierto para que uno pueda elegir el que quiera). Se trata de una aportación voluntaria, no forzosa por que ir contra ella es atacar la libertad no sólo religiosa sino como elemento garantizado por la constitución. Otro argumento a favor sería la labor que se realiza con esa aportación. Hasta donde sabemos no hay acusaciones ni se ha probado mal uso o corrupción con ese dinero (como ocurre frecuentemente con la política), por lo que es una inversión que tiene una utilidad social. Se garantiza la conservación de patrimonio histórico-artístico y se realiza una labor de ayuda al necesitado que va más allá de la red de asistencia social pública.

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