Evidente es que en Democracia no podemos mantener un elemento público, sea un impuesto, una institución, una Ley o un órgano por el mero hecho de ser histórico o establecido con anterioridad de varios siglos. En España es relevante el caso de la financiación de la Iglesia Católica y de todas sus organizaciones y asociaciones dependientes. Personalmente considero que los servicios prestados a la sociedad por la Iglesia son enormes, no obstante, el Estado debe asegurarse que los fondos públicos van a parar solo y exclusivamente a aquellos servicios de interés general y no al culto religioso, que no debe exceder de la aportación personal y voluntaria. En el punto medio de estos dos ambientes totalmente separados entra el mantenimiento de los templos históricos; en ese caso, a mi parecer se debería evaluar cual es el interés histórico de ese monumento, para establecer que parte de la financiación debe ser aportada por el Estado, que, obviamente, se beneficia de la existencia de estos monumentos.
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